Andrés Manuel López Obrador
(Tepetitán, Macuspana, Tabasco; 13 de noviembre de 1953)
inició por ley el 1 de diciembre de 2018, tras ser el ganador en las elecciones federales de México del 1 de julio del mismo año con el 53.20% de los votos emitidos por la coalición Juntos haremos historia, sucediendo al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por otro lado, y pesar de que la ciudadanía le está concediendo al presidente el beneficio de la duda, Andrés Manuel López Obrador sí admitió que el incremento en las cifras de inseguridad en su primer año de gobierno se mantuvo y que es una agenda pendiente del nuevo gobierno poder revertir esta delicada situación. En este escenario reconoció la tarea de las fuerzas armadas y reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos. Cabe señalar que, para finales del mes de agosto, antes de su primer informe, la Comisión Nacional de Búsqueda, en palabras de su titular, Karla Quintana, señaló que de 2006 al 14 de agosto de 2019 se habían encontrado 3,024 fosas clandestinas con 4,974 cuerpos. Los estados más afectados por esta grave situación fueron Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco.
Luego de que Alfonso Durazo expresó que las cifras de violencia en el país estaban comenzando a bajar en el mes de octubre tres hechos cimbraron al país y mostraron la crudeza de la realidad de violencia que estamos viviendo en México. El primer acontecimiento fue el asesinato de 14 policías en Aguililla, Michoacán, a manos de un grupo de la delincuencia organizada el día 14 de octubre de 2019; el segundo hecho fue la detención y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán que, a decir del presidente, se justificó por el riesgo que significaba para los habitantes de Culiacán, Sinaloa, su posible aprehensión y los posibles enfrentamientos entre la delincuencia organizada y las fuerzas armadas. Este hecho fue el día 17 de octubre. Finalmente, la familia LeBaron, del estado de Chihuahua, sufrió un ataque por parte de la delincuencia organizada en el que fueron asesinados nueve de sus miembros, entre ellos dos menores de edad.
El nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, vulneró aún más la situación que prevalece en este organismo público autónomo. El proceso de selección en el Senado de la República fue desaseado y dejó muchas dudas sobre la legitimidad del nombramiento, y a pesar de que la nueva titular de la CNDH ha sido activista y víctima de violaciones a derechos humanos, su cercanía con Morena y con el propio presidente de la república puso en entredicho su autonomía frente al poder público. Este proceso llevó a que cinco consejeros de la CNDH renunciaran a su cargo, y las peticiones para que se repusiera el proceso y para que Piedra renunciara al puesto no se hicieron esperar.
Aunado a esto, en el presupuesto de la federación de 2020 hay una importante reducción de los recursos asignados al Instituto Nacional Electoral (INE) que también ha provocado un fuerte debate sobre la pertinencia de este tipo de decisiones presupuestarias.
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